Gobierno de Gustavo Petro

El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego inició el 7 de agosto de 2022, tras su victoria en la segunda vuelta de la elección presidencial de Colombia de 2022. Su mandato finalizó el 7 de agosto de 2026 cuando su sucesor, el presidente Abelardo de la Espriella se posesionó ante el presidente del congreso de la República.

Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026)
Retrato oficial, 2022
Información general
Ámbito	Colombia
Formación	7 de agosto de 2022
Composición del gabinete
Presidente de la República	Gustavo Petro
Vicepresidenta de la República	Francia Márquez
N.º de ministerios	19
Partido (s)	PH      AV      Comunes      CR      FC      MAIS      PDC      PEC
Coalición (es)	Pacto Histórico (coalición política)
Historia
Elección	2022
Periodo	2022-2026
Situación en el poder legislativo
Período legislativo	IX Legislatura
Senado	26/108
Cámara de Representantes	33/188
Sucesión
Iván Duque Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) Abelardo de la Espriella

Durante su presidencia, Petro ha impulsado cambios al sistema tributario, así como propuestas de reformas laborales, de pensiones y de salud.Su política económica también ha incluido un aumento sustancial del salario mínimo, el fortalecimiento del marco jurídico de los derechos laborales, la redistribución de tierras a los campesinos y un mayor gasto social.

Durante su mandato, la pobreza y el desempleo han disminuido, mientras que la deuda pública ha aumentado.

En el ámbito ambiental, el gobierno ha promovido la transición energética con el objetivo de disminuir la dependencia del petróleo y fomentar el uso de energías limpias. En contraste, Colombia cayó ocho posiciones en el Índice de Transición Energética (ETI) del Foro Económico Mundial entre 2022 y 2026, ubicándose en el puesto 38 a nivel global. El presidente Petro se ha manifestado en contra de la fracturación hidráulica en el país.

En política de seguridad, la estrategia de «Paz Total» ha sido objeto de cuestionamientos. En mayo de 2026, el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que la situación humanitaria derivada del conflicto armado colombiano era la peor de la última década.

En política exterior, el gobierno impulsó la reapertura de la frontera colombo-venezolana en septiembre de 2022, tras siete años de cierre. En 2025, Colombia fue elegida por unanimidad para presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En febrero de 2023, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó declarar persona non grata al presidente Petro.

En 2025, el Senado rechazó la consulta popular impulsada por el gobierno en el marco de la reforma laboral. Posteriormente, el presidente Petro anunció que derogaría el decreto que la convocaba.

En mayo de 2026, una encuesta de Invamer reportó un índice de aprobación del presidente Petro superior al 50 %.

Situación previa

Mapa electoral de la segunda vuelta presidencial de 2022 color #8c00a0 Gustavo Petro color #ffd700 Rodolfo Hernández

Tras haber sido candidato presidencial en dos ocasiones (2010 y 2018), Gustavo Petro anunció su precandidatura a la presidencia en 2021. En marzo de 2022 fue electo candidato de la coalición Pacto Histórico y días más tarde anunció que Francia Márquez sería su compañera de fórmula.

En la primera vuelta, llevada a cabo el 29 de mayo, Petro y Márquez obtuvieron la votación más alta que les dio paso al balotaje. El 19 de junio, Petro derrotó al candidato Rodolfo Hernández obteniendo 11 291 986 votos.

Empalme

En el mes de junio Petro nombró 32 coordinadores sectoriales de una comisión de empalme encargada de realizar la recepción de las diferentes áreas con el Gobierno de Iván Duque. La comisión estuvo encabezada por Mauricio Lizcano, Carolina Corcho, Aurora Vergara y Daniel Rojas. Algunas de las personas nombradas en las comisiones fueron posteriormente nombrados como ministros de gobierno.

Posesión presidencial

Esta sección es un extracto de Investidura presidencial de Gustavo Petro.[editar]

Gustavo Petro toma el juramento al cargo como el 34.º presidente de Colombia.

La investidura presidencial de Gustavo Petro tuvo lugar el 7 de agosto de 2022 en la plaza de Bolívar de Bogotá. La ceremonia formalizó la elección de Petro como 34.º presidente de Colombia y de Francia Márquez como 13.ª vicepresidente, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

La investidura rompió con varias tradiciones del protocolo de Estado colombiano. La banda presidencial fue impuesta por la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leongómez, en lugar del presidente del Congreso. Se suprimió la alfombra roja, se permitió por primera vez el acceso masivo de público a la plaza y se realizaron más de setenta actos culturales en el centro de la ciudad. La vicepresidente Márquez añadió a su juramento la frase «hasta que la dignidad se haga costumbre».

Uno de los momentos más simbólicos de la ceremonia fue la presencia de la espada de Simón Bolívar, solicitada por Petro en referencia al llamado robo de la espada por parte del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1974. El gobierno saliente de Iván Duque negó la autorización, por lo que Petro ordenó traerla en su primer acto como mandatario, lo que provocó un receso en la ceremonia. El rey Felipe VI de España permaneció sentado al ingreso de la espada, gesto que generó críticas en medios y sectores políticos españoles.

Dos días antes, el 5 de agosto, Petro había participado en una ceremonia simbólica de posesión ancestral ante la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde ratificó a Leonor Zalabata como embajadora ante las Naciones Unidas.

A la investidura asistieron nueve jefes de Estado y de gobierno, así como representantes diplomáticos de diversos países. Por primera vez, el mandatario otorgó el estatus de «invitados de honor» a ciudadanos del común que conoció durante la campaña electoral.

Estructura ejecutiva

Despacho presidencial

El despacho del presidente estuvo encabezado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), responsable de coordinar la gestión administrativa y el personal de la Casa de Nariño. Durante el mandato, el DAPRE tuvo como directores a Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Jorge Rojas Rodríguez, Angie Rodríguez y Nhora Mondragón.

La Jefatura de Despacho, encargada de articular las prioridades legislativas y políticas del gobierno, fue ejercida por Laura Sarabia, Armando Benedetti, Alfredo Saade y José Raúl Moreno. La Secretaría Jurídica y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa completaron la estructura del despacho, junto con el Consejero Comisionado para la Paz, cargo ocupado por Danilo Rueda y posteriormente por Otty Patiño.

Gabinete ministerial

Véase también: Anexo:Gabinete de Gustavo Petro

Gustavo Petro anunció su gabinete ministerial en diferentes momentos tras haber sido electo el 19 de junio de 2022. Nombró a catorce de sus diecinueve ministros antes de su posesión como presidente, una vez finalizada la ceremonia de posesión designó a tres más y una semana después al ministro faltante. Los ministros del primer gabinete fueron parte de lo que Petro llamó «Acuerdo Nacional» que incluye a la coalición Pacto Histórico y a los partidos que se declararon «De Gobierno» ante el Consejo Nacional Electoral, además de ministros que no tienen militancia en partidos. El gabinete fue compuesto de manera paritaria entre hombres y mujeres.

Durante la campaña presidencial se relató que la vicepresidente Francia Márquez ocuparía un nuevo ministerio que se llamaría Ministerio de la Igualdad, donde velaría por los derechos de las mujeres, población LGBTIQ+, población vulnerable y lucha por la igualdad social y económica de los pueblos excluidos. En el mes de julio se reveló que dicho ministerio podría tardar alrededor de dos años antes de entrar en funcionamiento. Como los demás gabinetes ministeriales de los anteriores gobiernos, la fórmula ministerial de Petro debía regirse bajo la ley 581 de 2000 más conocida como Ley de cuotas, por la cual el treinta por ciento de los cargos asignados deben ser ocupados por mujeres.

En entrevistas dadas durante la campaña, Petro mencionó que el nombre del ministro de Hacienda saldría de alguno de los economistas que ofrecieron su respaldo como José Antonio Ocampo —quien sería posteriormente nombrado en la cartera de Hacienda—, Cecilia López Montaño, Rudolf Hommes, o Alejandro Gaviria; o algunas personas que lo venían acompañando en su proyecto político de años atrás, como Luis Jorge Garay, Jorge Iván González o Ricardo Bonilla González.

El 25 de junio, el presidente electo Petro desde su cuenta de Twitter anunció que Álvaro Leyva Durán sería nombrado como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores. Este fue el primer ministro anunciado desde la elección. Haría lo propio el 30 de junio, confirmando la designación de José Antonio Ocampo. El 4 de julio, día festivo de San Pedro y San Pablo, anunció la designación de Patricia Ariza como Ministra de Cultura, y al día siguiente, en una entrevista con W Radio, Petro reveló tres nombramientos más: Susana Muhamad en la cartera de Ambiente, Cecilia López Montaño en Agricultura y Carolina Corcho en Salud. Horas antes de su posesión anunció cinco ministerios más, habiendo anunciado un total de catorce de los dieciocho ministerios antes de la toma de poder. El mismo día de su posesión, Petro dio a conocer tres nuevos integrantes de su gabinete.

Representación de los partidos

Petro buscó que los partidos que se declararan de gobierno tuvieran representación política en el gabinete para consolidar las mayorías parlamentarias.

Durante la conformación del primer gabinete, los ministros de Justicia Néstor Osuna y de Vivienda Catalina Velasco fueron confirmados como representación política del Partido Liberal. Una reunión de los dos ministros con los parlamentarios y el presidente del partido César Gaviria consolidó el apoyo. El ministro de Transporte Guillermo Reyes fue confirmado como la representación en el gabinete del Partido Conservador, así lo aseguró el propio ministro Reyes en varias entrevistas. La ministra Sandra Urrutia de las TIC fue considerada como representación en el gabinete del Partido de la U, como lo confirmaron diferentes medios de comunicación. La ministra de Minas Irene Vélez Torres fue considerada como cercana al movimiento Soy Porque Somos de la vicepresidenta Francia Márquez. Los demás ministros fueron considerados independientes o pertenecían a partidos del Pacto Histórico y habrían sido seleccionados por Petro sin sugerencia de los partidos o movimientos a los que pertenecen. Algunos ministros como Prada, Leyva, Ocampo y López Montaño pertenecieron a partidos tradicionales pero no estaban vinculados formalmente a estos ni se les considera como representantes de los mismos.

Cambios de gabinete

Reestructuración del gabinete en 2023

Posesión de los nuevos ministros, luego de la crisis de abril de 2023.

Durante el año 2023, el gobierno del presidente Gustavo Petro llevó a cabo dos ajustes significativos en su gabinete ministerial. Estos cambios ocurrieron en un contexto de dificultades para la aprobación de varias reformas clave en el Congreso de la República. Diversos medios de comunicación se refirieron a este hecho como una «crisis ministerial», mientras que el gobierno lo presentó como una reestructuración necesaria para fortalecer su agenda de reformas.

El 27 de febrero de 2023, Petro en una alocución presidencial anunció el relevo de tres ministros, Alejandro Gaviria quien sería sustituido por Aurora Vergara, Patricia Ariza, sustituida por Jorge Zorro (e), y María Isabel Urrutia, sustituida por Astrid Rodríguez. Estos cambios marcaron el inicio de una serie de modificaciones en el gabinete durante el año.

El 26 de abril de 2023, el presidente anunció una reestructuración más amplia del gabinete, que incluyó la salida de siete ministros. Entre ellos se encontraban José Antonio Ocampo, titular de Hacienda y responsable de la política económica del gobierno; Alfonso Prada, ministro del Interior; Carolina Corcho, ministra de Salud y principal promotora de la reforma en ese sector; y Cecilia López, ministra de Agricultura. También fueron relevados Arturo Luis Luna, encargado del Ministerio de Ciencia; Sandra Urrutia, ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y Guillermo Reyes, ministro de Transporte.

Las modificaciones en el gabinete generaron reacciones diversas en el ámbito político y económico. Algunos sectores expresaron preocupación por la estabilidad institucional y la dirección de las políticas gubernamentales, mientras que otros respaldaron la decisión presidencial como parte de una estrategia de gobernabilidad.

Cambios de gabinete en julio de 2024

En julio de 2024, cerca de cumplir 2 años en el poder, Petro anunció ajustes en su gabinete reemplazando a seis ministros. Helga María Rivas asumió el cargo de Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, reemplazando a Catalina Velasco. Además, Ángela María Buitrago fue nombrada Ministra de Justicia en lugar de Néstor Osuna, y Martha Carvajalino asumió la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, sucediendo a Jhenifer Mojica. También se produjeron cambios en el Ministerio de Transporte, con María Constanza García tomando el cargo en lugar de William Camargo, y en el Ministerio del Interior, donde Juan Fernando Cristo reemplazó a Luis Fernando Velasco. Finalmente, Daniel Rojas Medellín fue designado Ministro de Educación, sucediendo a Aurora Vergara. Según el gobierno, estos cambios fueron parte de un esfuerzo por ajustar el equipo ministerial a mitad de mandato con el fin de fortalecer la gestión y avanzar en su agenda de reformas.

Cambios de gabinete en febrero de 2025

Consejo de ministros televisado que desencadenó en varios cambios de gabinete

A finales de febrero de 2025, el gabinete de Petro tuvo nuevos cambios de varios ministros. A partir de la emisión de un consejo ministerial televisado y la llegada de Armando Benedetti como Jefe de Gabinete y más tarde ministro del interior, se generaron varias renuncias y ajustes. Entre ellos los más significativos tuvieron que ver con la salida de tres de los ministros que venían en sus carteras desde el inicio, Gloria Inés Ramírez, Ivan Velásquez y Susana Muhamad así como la terminación de la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de Igualdad y Equidad.

Alineación de los partidos

Desde la creación del «Estatuto de la Oposición» en julio de 2018, los partidos políticos con personalidad jurídica en Colombia deben optar por declararse en «Oposición», «Independencia» o «De Gobierno». Quienes se declaren en independencia u oposición no podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, pero tendrán acceso a derechos como el derecho a réplica, financiación adicional y acceso a medios de comunicación. Aquellas personas que se retiren de una colectividad declarada en oposición o independencia tampoco podrán formar parte del gobierno dentro de los siguientes 12 meses a su retiro de la colectividad. El plazo para dicha definición fue hasta el 7 de septiembre de 2022, un mes de iniciado el mandato, y solo puede modificarse una vez durante la duración del gobierno.

Los partidos que hicieron inicialmente su declaratoria como partidos «de gobierno», además de aquellos que conforman el Pacto Histórico, fueron el Partido Alianza Verde, Partido Liberal, la Alianza Social Independiente, Comunes, Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Colombiano, el Partido Ecologista Colombiano y el Partido la Fuerza de la Paz.

Los partidos que se declararon «en oposición» fueron, el Centro Democrático, Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Verde Oxígeno y el Movimiento de Salvación Nacional, si bien los dos últimos no cuentan con representación en el congreso. El Nuevo Liberalismo manifestó su «independencia», así mismo el Partido MIRA y el partido Colombia Justa Libres, igualmente lo hicieron los dos congresistas elegidos con el aval del Partido Verde Oxígeno, Humberto de La Calle y Daniel Carvalho Mejía, si bien el partido se declaró en oposición y expulsó a los congresistas.

El partido Cambio Radical se declaró en el año 2022 como «independiente», pero modificó su posición en marzo de 2023 pasando a ser «de oposición», apelando al estatuto de oposición que permite modificar dicha declaración por una única vez durante el cuatrienio presidencial.

Posición de los partidos políticos

En esta lista solo se incluyen los partidos políticos con personería jurídica.

Ruptura con los partidos tradicionales

Reunión con líderes de los partidos tradicionales meses antes de la ruptura de 2023

A finales de abril de 2023, el presidente Petro anunció que la coalición que se había formado «había terminado», esto tras la oposición de los partidos tradicionales Conservador, La U y Liberal a la reforma de salud del gobierno. Al día siguiente Petro hizo un cambio de gabinete en el que reemplazó a siete ministros incluyendo dos que eran considerados como representación política de los partidos, Guillermo Reyes, Conservador, y Sandra Urrutia, de La U, el presidente también pidió la renuncia de otros funcionarios que pertenecían a dichos partidos como el presidente de Coljuegos, Roger Carrillo. Tras este anuncio dichos partidos manifestaron que evaluarían si modifican su posición ante el gobierno en el legislativo ya sea pasando a la independencia o a la oposición, o si permanecen en el gobierno, posición que solo puede modificarse por una sola vez durante la duración del gobierno y les quitaría la posibilidad de participar de los cargos en el mismo. El relevo de otros ministros que no pertenecía a los partidos tradicionales se dio después de que Petro hubiera hecho un corte de cuentas de cada ministerio y pedido la renuncia protocolaria a todo su gabinete tras evaluar el cumplimiento de las metas, y cuestionó en un discurso público en Zarzal, Valle del Cauca, el desempeño de algunos ministros sin mencionarlos puntualmente.

Ante estos hechos, el 2 de mayo de 2023, el partido Conservador cambió su declaratoria y pasó de ser partido «de gobierno» a ser «independiente», y el 16 de mayo el partido de la U tomó la misma decisión. En mayo de 2023 el Partido Liberal decidió mayoritariamente no cambiar su declaración de respaldo frente al gobierno, pero en enero de 2025 se declaró en independencia en un intento de evadir posibles sanciones del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos contra personas que apoyaran al gobierno colombiano en los hechos sucedidos durante la crisis diplomática con ese país.

Administración descentralizada

La administración descentralizada del gobierno Petro estuvo conformada por los departamentos administrativos, las unidades administrativas especiales, las agencias, los fondos, las entidades y las superintendencias.

Relaciones territoriales

La relación del gobierno de Gustavo Petro con los gobernadores y alcaldes del país estuvo marcada por tensiones recurrentes a lo largo de su mandato.

Tras las elecciones regionales de 2023, Petro invitó a la Casa de Nariño únicamente a los gobernadores y alcaldes electos que consideraba afines a su gobierno, lo que generó críticas de la Federación Nacional de Departamentos –FND— y de la Asociación de Ciudades Capitales –Asocapitales—, que señalaron un trato desigual hacia los mandatarios locales. En marzo de 2024, Petro abandonó una reunión con alcaldes en Cartagena tras un desplante de los mandatarios locales.

En materia de descentralización, en diciembre de 2024 el Congreso aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones –SGP—, que aumentó los recursos transferidos a las regiones y fue considerada el mayor avance en descentralización en tres décadas. La reforma fue promulgada en la Cumbre de Gobernadores celebrada en Villa de Leyva en febrero de 2025, donde Petro propuso dos acuerdos a los mandatarios departamentales en temas de seguridad y recursos. Sin embargo, Petro advirtió posteriormente sobre los riesgos de una descentralización sin control y propuso eliminar las contralorías departamentales, lo que generó nuevas tensiones con los mandatarios regionales. Algunos gobernadores, como Juvenal Díaz, criticaron que se descentralizaran las responsabilidades pero no los recursos.

Durante 2025 se registraron enfrentamientos públicos con varios mandatarios. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, protagonizó repetidos choques con el presidente, incluyendo un incidente en Chaparral donde abandonó la tarima durante un acto oficial. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mantuvo una relación tensa con el gobierno, con cruces de declaraciones sobre las vías 4G y otros temas.

En febrero de 2025, durante la Cumbre de Gobernadores en Villa de Leyva, Petro propuso dos acuerdos a los mandatarios departamentales en temas de seguridad y recursos.

En diciembre de 2025, Petro cuestionó una visita de gobernadores a Estados Unidos para reunirse con el subsecretario de Estado Christopher Landau, acusándolos de interferencia electoral.

En enero de 2026, diecisiete gobernadores anunciaron que no acogerían los decretos de la emergencia económica declarada por el presidente. La FND y Asocapitales pidieron a la Corte Constitucional suspender el decreto de emergencia, argumentando que eludía los límites democráticos. El gobierno, a través del ministro del Interior Armando Benedetti, citó a los gobernadores a mesas técnicas, sin alcanzar un acuerdo. Los gobernadores denunciaron además la inclusión de nuevos gravámenes sobre licores y tabaco en los decretos y anunciaron acciones legales.

En abril de 2026, Petro afirmó que la Constitución le permitía destituir a los alcaldes que no actuaran frente al paro por avalúos catastrales, lo que fue rechazado por la FND, Asocapitales y sectores gremiales. El gobernador de Antioquia respondió directamente a las amenazas del presidente. En ese mismo mes, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, fue elegida como presidente de la FND en medio de las tensiones con el ejecutivo.

Plan Nacional de Desarrollo

Véase también: Plan Nacional de Desarrollo (Colombia)

Diálogo Regional Vinculante en Montería, Córdoba.

Para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el gobierno de Gustavo Petro implementó los llamados «Diálogos regionales vinculantes», un mecanismo de participación ciudadana que buscó que las comunidades de los territorios aportaran sus propuestas directamente al plan que regiría el cuatrienio. Los diálogos se realizaron en más de cincuenta municipios de todos los departamentos del país entre septiembre y noviembre de 2022, con la participación de ministros, funcionarios del gobierno y la ciudadanía. El propio presidente Petro afirmó durante uno de los encuentros: «Queremos que la ley del Plan de Desarrollo la haga la gente».

El director del Departamento Nacional de Planeación —DNP—, Jorge Iván González, fue el encargado de liderar el proceso, junto con el entonces consejero presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco. González afirmó que el gobierno se había propuesto «repensar la planeación en el gobierno nacional y recuperar la visión de largo plazo» y que las conclusiones de los diálogos serían respetadas en la redacción del plan. Los diálogos se desplegaron por todas las regiones del país: Urabá, región del Catatumbo, Valledupar, Arauca, el Bajo Cauca, el Magdalena, Nariño, el Magdalena Medio, la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico, el Sinú y San Jorge, entre otros territorios. La vicepresidente Francia Márquez también participó activamente, convocando a los habitantes del Pacífico y del sur del país a sumarse a los diálogos. En total, más de 250 000 personas participaron en los diálogos y se recogieron más de 90 000 propuestas, cuyos resultados fueron publicados por el DNP.

El 6 de febrero de 2023, el gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, titulado «Colombia, potencia mundial de la vida», un documento de aproximadamente doscientas páginas que contemplaba reformas en materia agraria, de salud, pensiones, laboral y de justicia, entre otras. El plan fue aprobado por el Congreso el 5 de mayo de 2023 mediante la Ley 2294 de 2023.

Ejes del plan

La Ley 2294 de 2023 articuló el Plan Nacional de Desarrollo en cinco transformaciones estructurales, establecidas en su artículo tercero: el ordenamiento del territorio alrededor del agua, que pretendió un cambio en la planificación del ordenamiento y desarrollo del territorio donde la protección de los determinantes ambientales fuera un objetivo central; la seguridad humana y justicia social, orientada a la transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, integrando la protección de la vida con la seguridad jurídica, institucional, económica y social; el derecho humano a la alimentación, cuyo propósito fue garantizar el acceso permanente a una alimentación adecuada y sentar las bases para la soberanía alimentaria; la transformación productiva, internacionalización y acción climática, que apuntó a la diversificación productiva aprovechando el capital natural, las energías limpias y el conocimiento, dejando atrás progresivamente la dependencia de actividades extractivas; y la convergencia regional, entendida como el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones, fortaleciendo los vínculos intra e interregionales. Estas transformaciones se articularon con los ejes transversales de paz total, actores diferenciales para el cambio, estabilidad macroeconómica y política exterior con enfoque de género.

Inversión total proyectada

El Plan Nacional de Inversiones Públicas 2023-2026 se estimó en 1 154,8 billones de pesos a precios constantes de 2022, que incluyó el componente del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz por un valor de 50,4 billones de pesos de forma transversal.

Las fuentes de financiamiento del plan de inversiones se distribuyeron de la siguiente manera:

Fuente	Monto (billones COP 2022)	Participación
Presupuesto General de la Nación (PGN)	577,4	50,0 %
Sistema General de Participaciones (SGP)	268,8	23,3 %
Recursos territoriales	145,8	12,6 %
Empresas públicas	106,4	9,2 %
Sistema General de Regalías (SGR)	47,4	4,1 %
Cooperación internacional	9,1	0,8 %
Total	1 154,8	100,0 %
Fuente: Ley 2294 de 2023 / Departamento Nacional de Planeación.

Los recursos públicos se distribuyeron entre las cinco transformaciones según sus prioridades estratégicas:

Transformación	Monto (billones COP 2022)	Participación
Seguridad humana y justicia social	743,7	64,4 %
Convergencia regional	138,4	12,0 %
Transformación productiva, internacionalización y acción climática	114,4	9,9 %
Derecho humano a la alimentación	46,1	4,0 %
Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	28,8	2,5 %
Estabilidad macroeconómica	83,4	7,2 %
Total	1 154,8	100,0 %
Fuente: Ley 2294 de 2023 / Departamento Nacional de Planeación.

El componente de paz asignó 32,1 billones a seguridad humana y justicia social, 7,1 billones a convergencia regional, 4,6 billones al derecho humano a la alimentación, 1,9 billones al ordenamiento del territorio alrededor del agua y 1,4 billones a transformación productiva. Adicionalmente, se incluyó una proyección indicativa para pueblos y comunidades indígenas por 20 billones de pesos y para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras por 5,9 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación.

Metas principales por sector

En materia ambiental, el plan estableció la meta de ampliar las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados a 1,7 millones de hectáreas; reducir la deforestación nacional en un 20 %; y actualizar el catastro multipropósito en un 70 % del área geográfica del país. En transición energética, se propuso agregar 2 000 MW de capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable.

En materia de reforma rural, el plan proyectó la entrega de 2,9 millones de hectáreas para avanzar en la restitución y titulación de tierras, y alcanzar 3,9 millones de hectáreas formalizadas al final del cuatrienio. En soberanía alimentaria, se buscó aumentar en 10,38 % la producción en cadenas agrícolas priorizadas y disminuir la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años a 3,37 por cada 100 000.

En infraestructura vial, la meta fue intervenir 33 102 km de vías terciarias, alcanzando más de 88 000 kilómetros de vías terciarias intervenidas al final del cuatrienio. Se propuso reducir el porcentaje del costo logístico sobre las ventas en 10,1 puntos porcentuales y reducir en un 23 % las muertes por accidentes viales.

En educación superior, la meta fue aumentar la tasa de cobertura al 62 %, partiendo de 53,9 % en 2021. En ciencia y tecnología, se buscó duplicar la inversión en investigación y desarrollo hasta alcanzar el 0,5 % de participación en el PIB.

En materia de pobreza multidimensional, el plan buscó reducir el porcentaje de personas en esta condición de 16 % en 2021 a un rango entre 11,5 % y 9,5 %. Se propuso disminuir la mortalidad materna de 83 por cada 100 000 en 2020 a 32 por cada 100 000, y reducir las horas de cuidado no remunerado que dedican las mujeres jefes de hogar de 22 horas semanales a 19 horas. En conectividad digital, la meta fue pasar de 38,3 millones de accesos a internet a más de 71,4 millones. Para la economía popular, se buscó aumentar en un 6 % los ingresos de los pequeños negocios atendidos y bajar la brecha del índice de pobreza multidimensional en los municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET—. En vivienda, se propuso reducir a un 26 % el número de hogares con déficit habitacional, frente al 31 % registrado en 2021.

Programas bandera

El plan creó el Consejo Nacional de la Economía Popular y definió la economía popular como «los oficios y ocupaciones mercantiles y no mercantiles desarrolladas por unidades económicas de baja escala». Se establecieron las asociaciones públicopopulares, una nueva figura contractual que permitió al Estado otorgar contratos a organizaciones de la economía popular sin exigir el Registro Único de Proponentes, con un límite de 6 000 salarios mínimos por contrato. También se otorgó representación a la economía popular en las juntas directivas de las cámaras de comercio y se destinaron recursos de estas a financiar proyectos de desarrollo empresarial de unidades productivas populares.

En el presupuesto de inversión de 2024, el sector transporte recibió cerca de 14 billones de pesos, de los cuales 7,5 billones fueron para la Agencia Nacional de Infraestructura. El Fondo Nacional de Vivienda aumentó su presupuesto a 4,3 billones de pesos, un 87 % más que el año anterior. El Departamento de Prosperidad Social contó con 10,5 billones de pesos, un 63 % más. La Agencia Nacional de Tierras cuadruplicó su presupuesto hasta 4,9 billones de pesos, con el objetivo de comprar 1,5 millones de hectáreas de tierras. El Ministerio de las TIC experimentó el mayor crecimiento, con 3,2 billones de pesos, un 118 % más que en 2023. El nuevo Ministerio de la Igualdad contó con 400 000 millones de pesos para la protección de sujetos de especial protección. En el sector salud, el plan estableció el giro directo de recursos del Estado a las clínicas, hospitales y laboratorios, eliminando la intermediación financiera de las entidades prestadoras de salud —EPS—, lo que anticipó el debate sobre la reforma a la salud.

El plan fue resultado de un proceso participativo que recibió más de 6 500 proposiciones y cuyas bases estuvieron inspiradas en las propuestas entregadas por los más de 250 000 colombianos que participaron en los 51 diálogos regionales vinculantes.

Sanción y controversias

El presidente Petro sancionó la ley el 19 de mayo de 2023 en el resguardo indígena Remanso de Chorrobocón, en el departamento de Guainía, en lo que el gobierno denominó un acto simbólico «desde las entrañas del Amazonas». La elección del lugar tuvo un significado especial: el resguardo indígena de Chorrobocón se convirtió posteriormente en escenario de un debate ambiental cuando sus autoridades solicitaron realizar actividades de minería en la zona, lo que llevó al Ministerio de Ambiente a negar la solicitud y a un juez a ordenar provisionalmente abstenerse de dichas actividades, en un caso que llegó a la Corte Constitucional.

Durante su trámite legislativo, la Procuraduría pidió derogar un artículo que obligaba a las entidades a asegurarse en riesgos laborales con la estatal Positiva, y la Corte Constitucional avaló posteriormente el plan tras una corrección por un vicio de procedimiento en el Senado.

Economía

El presidente Gustavo Petro se reúne con Kristalina Gueorguieva, Directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Gustavo Petro asumió la presidencia en un contexto económico marcado por los efectos de la pandemia de COVID-19. Los niveles de deuda pública se habían incrementado de manera significativa, el peso colombiano acumulaba una depreciación del 15 % frente al dólar y la inflación interanual se situaba en el 11 % en agosto de 2022, una de las más elevadas de América Latina. Adicionalmente, el país arrastraba niveles de desigualdad persistentemente altos y la tasa oficial de pobreza se ubicaba cerca del 40 %.

Tras la elección de Petro en 2022, algunos analistas y sectores de oposición anticiparon un posible incremento del tipo de cambio por encima de los 5.000 pesos colombianos por dólar y un escenario de fuga de capitales. El dólar alcanzó la barrera de los 5.000 pesos el 1 de noviembre de 2022. El fortalecimiento del dólar durante ese periodo fue un fenómeno global que generó presiones cambiarias en la mayoría de economías latinoamericanas. La inversión extranjera directa (IED) se contrajo de forma pronunciada en 2024 y 2025, acumulando una caída del 33,2 % durante el cuatrienio de gobierno.

Distintos sectores gremiales y de oposición expresaron reparos frente al manejo económico, aun en presencia de cifras de crecimiento positivas. En abril de 2025, dirigentes como Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, calificaron el crecimiento de «modesto». En respuesta, el presidente Petro afirmó que la Junta Directiva del Banco de la República actuaba en sintonía con sectores de oposición y que la demora en la reducción de las tasas de interés estaba frenando el crecimiento económico. Durante el gobierno de Petro, la relación con los principales gremios empresariales estuvo marcada por diferencias públicas. Líderes como Bruce Mac Master, Camilo Sánchez Ortega y Jaime Alberto Cabal manifestaron objeciones a varias de las reformas impulsadas por el ejecutivo. El presidente Petro, por su parte, sostuvo que dichos gremios actuaban en coincidencia política con la oposición.

En el contexto de la crisis económica global, el presidente Petro expresó reiteradas críticas a la política monetaria de los Estados Unidos. En declaraciones a medios de comunicación, afirmó que dicha política estaba «arruinando todas las economías del mundo» y sostuvo que las sucesivas alzas de los tipos de interés por parte del Sistema de la Reserva Federal habían ocasionado un incremento significativo de la deuda y una fuga de capitales en los países de América Latina.

Durante el periodo 2022-2025, varios indicadores macroeconómicos mostraron un comportamiento que ha sido objeto de análisis por parte de distintos observadores. El crecimiento económico promedio se situó por debajo del registrado en administraciones anteriores. El déficit fiscal alcanzó el 6,4 % del PIB en 2025, un nivel que no se observaba desde hacía varias décadas. La inflación se mantuvo por encima del rango meta del Banco de la República, con proyecciones para 2026 que oscilaban entre el 6,2 % y el 7 %, cifra superior a la de 2025; estas presiones inflacionarias fueron contenidas en parte por las elevadas tasas de interés fijadas por el banco central, cuya independencia fue cuestionada en distintos momentos por el poder ejecutivo. La deuda pública ascendió a COP 1.215 billones, lo que representó un incremento cercano al 50 % frente a la cifra de 2022. En el ámbito regional, Colombia se ubicó en la última posición entre las principales economías latinoamericanas en cuanto a la inversión como proporción del PIB y en otras variables económicas relevantes, según un informe de Corficolombiana citado en mayo de 2026.

En contraste con la evolución de los indicadores fiscales, las tasas de pobreza monetaria y pobreza extrema han continuado descendiendo, como venía ocurriendo desde el 2020, y registraron una disminución durante el periodo 2022-2026. De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente 2,2 millones de personas salieron de la pobreza y cerca de un millón superaron la pobreza extrema en ese lapso. El desempleo también mostró una tendencia a la baja, ubicándose en niveles históricamente reducidos, mientras que el empleo informal experimentó una contracción marginal. Por su parte, el déficit fiscal y la deuda pública aumentaron en el mismo periodo.

Salario mínimo

Durante el gobierno de Petro, el salario mínimo fue objeto de incrementos anuales que la administración justificó como una medida para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la desigualdad. En 2023, el salario mínimo se incrementó un 16 %, pasando de $1.000.000 a $1.160.000 COP, con un ajuste al alza del auxilio de transporte. Para 2024, el aumento fue del 12 %, lo que lo situó en $1.300.000 COP, con un auxilio de transporte de $162.000 COP. En 2025, se decretó un incremento del 9,54 %, que elevó el salario mínimo a $1.423.500 COP y el auxilio de transporte a $200.000 COP.

Desde el ejecutivo se planteó que estas alzas eran necesarias para compensar los efectos de la inflación y fortalecer la economía popular. No obstante, los incrementos generaron discusiones entre analistas y actores del mercado laboral acerca de su posible efecto sobre la generación de empleo formal y los niveles de informalidad.

De acuerdo con un análisis del centro de estudios económicos Asociación Nacional de Instituciones Financieras —ANIF— publicado en junio de 2026, los incrementos del salario mínimo coincidieron con cambios en la estructura de ingresos laborales. Según ese estudio, se registró una disminución en la proporción de trabajadores formales que percibían más de un salario mínimo y una concentración de los salarios en torno a ese valor. En el sector informal, la proporción de quienes recibían exactamente un salario mínimo se redujo, mientras que aumentó la de quienes ganaban por debajo de ese umbral. El informe sugiere que estas dinámicas pudieron haber acentuado las diferencias entre la población con empleo formal e informal.Según la ANIF, más de 1,2 millones de trabajadores se sumaron al total de quienes devengan menos de un salario mínimo en dos años.

Reforma tributaria

El 8 de agosto de 2022, un día después de la posesión presidencial, el gobierno entrante presentó un proyecto de reforma tributaria elaborado por el designado ministro de Hacienda José Antonio Ocampo junto con otros economistas, entre ellos el también designado director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. La iniciativa buscaba recaudar entre 25 y 26 billones de pesos adicionales (aproximadamente 6.000 millones de dólares) para financiar los programas sociales incluidos en el plan de gobierno, orientados, según el ejecutivo, a reducir la desigualdad social.

La administración defendió el carácter progresivo del proyecto y sostuvo que no tendría un impacto negativo sobre las clases menos favorecidas, al gravar principalmente a las personas naturales con ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos (equivalentes a unos 2.400 dólares en agosto de 2022). El ministro Ocampo calificó la propuesta como «la reforma más progresiva de la historia». En contraste, sectores de la oposición, algunos gremios empresariales —entre ellos la ANDI— y analistas económicos de medios que mantenían posiciones editoriales distantes del gobierno expresaron objeciones al proyecto. En particular, cuestionaron el denominado «impuesto saludable» sobre bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, argumentando que podría afectar a los hogares de menores ingresos.

El ministro Ocampo solicitó al Congreso, en un mensaje de urgencia, agilizar el trámite legislativo, con la intención de que la reforma quedara aprobada antes de que finalizara 2022. A principios de noviembre, el proyecto fue aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes con varias modificaciones, entre las que se destacó la exclusión del impuesto a las pensiones más altas. El recaudo proyectado quedó fijado en aproximadamente 20 billones de pesos, por debajo de la meta inicial de 25 billones.

Sector agrario y reforma rural

La reforma agraria fue una de las banderas del gobierno de Gustavo Petro desde la campaña presidencial. El gobierno definió la política de redistribución de tierras como parte integral de la reforma rural contemplada en el acuerdo de paz de 2016 y reactivó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

La Agencia Nacional de Tierras —ANT— fue la entidad encargada de ejecutar la reforma. Según cifras oficiales, hasta mayo de 2026 el gobierno había formalizado más de 1,5 millones de hectáreas de tierra y había entregado o gestionado más de 2,5 millones de hectáreas en el marco de la reforma agraria. En abril de 2026, la ANT reportó la compra de 446 766 hectáreas de tierras en tres años, de las cuales 142 000 hectáreas correspondieron a compras realizadas hasta agosto de 2024. Sin embargo, a pocos meses de finalizar el gobierno, la compra de tierras alcanzó 254 103 hectáreas, lo que representó el 25,4 % de la meta proyectada.

Entre las entregas de tierras más significativas se contaron las 53 000 hectáreas entregadas en el Magdalena Medio en abril de 2026, las 82 575 hectáreas formalizadas en el Tolima y las 5 300 hectáreas entregadas a campesinos en Puerto Boyacá, municipio que Petro declaró como «capital de la reforma agraria». El gobierno también implementó un enfoque de género en la distribución de tierras, destinando más de 112 000 hectáreas a mujeres rurales.

En 2024, la ANT recibió un presupuesto de inversión de 4,9 billones de pesos, cuadruplicando el de la vigencia anterior, con el objetivo de comprar 1,5 millones de hectáreas de tierras. El gobierno implementó la compra de tierras a entidades financieras para beneficiar a campesinos y comunidades étnicas, y también entregó predios que pertenecieron al exjefe paramilitar conocido como «Macaco» para reparar a víctimas del conflicto en Cáceres, Antioquia.

La reforma agraria enfrentó críticas y obstáculos. La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre posibles irregularidades en la compra de tierras, y la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC— señaló que las promesas de la reforma no estaban cumpliéndose. El contexto ganadero y otros gremios del agro denunciaron que la reforma atentaba contra la propiedad privada y que la producción agropecuaria no mostraba los resultados esperados.

En el plano legislativo, el gobierno impulsó la creación de la jurisdicción agraria, una nueva rama judicial especializada en conflictos de tierras. La ley estatutaria fue sancionada por Petro en marzo de 2026, aunque la ley ordinaria que la reglamentaba quedó pendiente de aprobación en el Congreso. La Corte Constitucional respaldó la jurisdicción agraria y dispuso su entrada en vigor a partir de 2027. Sin embargo, en mayo de 2026, Petro acusó a la Corte Suprema de Justicia de frenar la reforma agraria, lo que generó un cruce de declaraciones entre el ejecutivo y el alto tribunal. El mandatario convocó a organizaciones campesinas e indígenas a defender la reforma agraria mediante la movilización social.

La Unidad de Restitución de Tierras —URT—, por su parte, reportó en 2025 el año de mayor avance en restitución de tierras desde su creación, con miles de hectáreas devueltas a víctimas del conflicto armado.

En marzo de 2026, el gobierno presentó el documento CONPES 4184 de política agraria, que previó una inversión significativa para el sector y adoptó una metodología para determinar las actividades agropecuarias con impacto en los páramos. El gobierno reportó un crecimiento del sector agropecuario y un aumento de las exportaciones del agro, aunque analistas señalaron que la producción no alcanzó las metas propuestas y que la dependencia de importaciones de alimentos persistió.

En el ámbito internacional, la reforma agraria colombiana fue destacada por la Organización de las Naciones Unidas y fue tema central en la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD por sus siglas en inglés) celebrada en Cartagena en 2026.

Orden público

Véase también: Conflicto armado interno de Colombia desde 2018

Paz Total

Gustavo Petro y el ministro de defensa Iván Velásquez presentando al designado Estado Mayor Conjunto.

El presidente y el ministro de defensa en la ceremonia de asensos de generales de las fuerzas armadas.

Una de las consignas principales del gobierno de Gustavo Petro es la ley llamada «Paz Total» que fue la primera ley sancionada por Petro después de que fuera aprobada en el Congreso a inicios de noviembre de 2022. Como explicó el mandatario, esta ley no se suscribe únicamente al Ministerio de Defensa, sino que es transversal a todas las entidades del gobierno. La ley de Paz Total consiste en implementar los acuerdos de paz ya firmados con gobiernos anteriores y además buscar mecanismos de negociación con otros grupos armados ilegales en rebelión contra el Estado. También consiste en buscar mecanismos de sometimiento a la justicia con rebaja de penas para aquellos grupos armados que se dedican principalmente al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas pero que no son considerados actores políticos insurgentes. Igualmente la ley incluye el cambio del servicio militar obligatorio para hombres por el servicio social obligatorio para todos los géneros.

En marzo de 2023, Petro anunció la suspensión del cese al fuego y la reactivación de operaciones militares contra el Clan del Golfo, uno de los principales grupos armados criminales del país, y uno de los primeros en acogerse a la política de Paz Total, tras un ataque con fusil del clan a policías, acaecido en el Bajo Cauca antioqueño.

Diálogos con el ELN

Reunión con los negociadores de paz con el ELN.

En el marco de la llamada «Ley de Paz Total» el gobierno inició diálogos por medio del comisionado de paz Danilo Rueda con el Ejército de Liberación Nacional. El 17 de noviembre de 2022 durante el Congreso Nacional de Ganaderos, el presidente Petro le pidió públicamente a José Félix Lafaurie, presidente del gremio de ganaderos Fedegan y otrora uno de sus mayores contradictores políticos, hacer parte del equipo negociador para dichos diálogos, invitación que Lafaurie aceptó.

El 31 de diciembre de 2022, Petro anunciaría la negociación de una tregua con esta guerrilla. Tres días después el ELN desmentiría que se hubiese llegado a tal acuerdo. Antonio García, líder de esa guerrilla, declaró que no existían las condiciones para un alto al fuego duradero. El anuncio y el posterior reversazo fueron ampliamente comentados y criticados.

Reformas a la Fuerza Pública

Consejo de seguridad en Bogotá del presidente junto a la alcaldesa y el ministro de Defensa.

Uno de los temas surgidos en el enfoque del ministerio de defensa en cabeza del ministro Iván Velásquez es la llamada «seguridad humana» que busca que la Fuerza Pública cumpla estrictamente con los protocolos de respeto a los derechos humanos con el fin de no repetir escándalos sucedidos en gobiernos anteriores como el de los llamados falsos positivos del Ejército Nacional, el bombardeo contra menores de edad de la Fuerza Aérea en campamentos insurgentes, o los asesinatos de civiles por parte de la Policía Nacional durante las protestas de 2021.

Sectores de oposición han criticado el hecho de que el gobierno Petro haya retirado del servicio a un importante número de generales, algunos reportes de prensa hablan de más de 40 generales. En algunos casos los retiros se han dado porque los generales tenían investigaciones en curso. El gobierno admitió que algunos de los generales que salían por cadena de mando terminaban pagando por otros a quienes su retiro si era justificado. La oposición también ha criticado al ministro Velásquez por el manejo del fenómeno de la invasión de tierras en algunos sectores del país. En septiembre de 2022 el ministro Velásquez se comprometió con los sectores ganaderos a actuar de manera decidida junto con la fiscalía para establecer quienes están detrás de dichas invasiones.

Se adelanta también la reforma al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), cuyo desmonte fue una de las promesas de campaña de Petro.

El Esmad pasó a ser la Unidad de Diálogo y Mantenimiento de Orden (Undmo).

Crisis en el Catatumbo 2025

En 2025, la región del Catatumbo se vio envuelta en una crisis humanitaria debido a ataques armados, desplazamientos forzados, y restricciones a la movilidad.

Agricultura

Reforma agraria

Compra de tierras

Petro en evento de entrega de tierras en Montería en 2023

En octubre de 2022, la ministra de agricultura Cecilia López, en el marco de impulsar el avance de la llamada Reforma Rural Integral, llegó a un acuerdo con el gremio de ganaderos Fedegan, representado por su presidente José Félix Lafaurie, para que el Gobierno comprara tres millones de hectáreas de tierras aptas para cultivos a los ganaderos, y que sean distribuidas a familias campesinas para producción agroindustrial. Dicho acuerdo causó un importante impacto político y mediático puesto que Lafaurie y algunos sectores ganaderos han sido fuertes opositores de Gustavo Petro y su proyecto político, y estos a su vez han sido vistos con recelo por algunos sectores considerados como progresistas. Lafaurie, que en diferentes oportunidades había tenido fuertes discusiones en redes sociales con Petro aseguró que «el gobierno del presidente Petro es un gobierno de conciliación». En marzo de 2023 la ministra López fue reemplazada debido a su desacuerdo con la inclusión de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que buscaba facilitar los procesos de compra de tierras y que algunos sectores de oposición calificaron como «expropiación exprés». En julio de 2024 la Corte Constitucional determinó que la inclusión artículo presentaba vicios de trámite y no cumplía con el debido proceso legislativo.

En 2023, bajo el liderazgo de la ministra Jhenifer Mojica el gobierno Petro logró avances significativos en la reforma agraria al reactivar el Sistema Nacional de Reforma Agraria (SINRADR), lo que permitió una mayor coordinación institucional para la adquisición y adjudicación de tierras. El Sistema Nacional de Reforma Agraria en Colombia fue establecido por la Ley 160 de 1994, pero durante casi tres décadas no fue reglamentado ni implementado. En agosto de 2023, el gobierno del presidente Gustavo Petro reactivó este sistema mediante el Decreto 1406 del 29 de agosto de 2023, con el objetivo de promover una reforma agraria integral y sostenible. Esta reactivación busca articular políticas públicas para la redistribución de tierras y el desarrollo rural, involucrando a diversas entidades estatales y representantes de comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. A pesar de estos avances en junio de 2024 se reportaba que las metas de ejecución estaban por debajo de las expectativas del gobierno, lo que habría causado la reestructuración del equipo del ministerio y la llegada de la viceministra Caravalino como titular de la cartera en reemplazo de Mojica.

En 2024, bajo el liderazgo de la ministra Martha Carvajalino la reforma agraria continuó avanzando con la adquisición de 448.544 hectáreas, de las cuales 186.116 fueron obtenidas en ese año. Además, se constituyeron 13 nuevas Zonas de Reserva Campesina, abarcando 643.381 hectáreas, y se formalizaron más de 488.000 hectáreas, beneficiando a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.

Ministra Carvajalino y presidente Petro en evento de reforma agraria en Chicoral en 2025

La oposición ha criticado la reforma agraria de Petro por considerar que facilita invasiones de tierras y podría abrir la puerta a expropiaciones, especialmente con el proyecto de jurisdicción agraria. Figuras como la senadora Paloma Valencia han advertido que la medida pone en riesgo los derechos de los propietarios rurales. Petro ha respondido que la reforma no busca expropiar, sino entregar tierras a quienes las trabajan. A pesar de las críticas, en diciembre de 2024 se logró un acuerdo con sectores de la oposición para aprobar la ley de jurisdicción agraria, mostrando disposición al consenso.

Titulación de tierras

El gobierno ha acelerado el proceso de titulación de tierras para personas que ya poseían predios pero no estaban regulados, lo que impedía que pudieran acceder a créditos o programas del gobierno para trabajar la tierra. Según la ministra López para noviembre de 2022 se había cumplido la meta de la titulación masiva de 681.372 hectáreas.

Hasta diciembre de 2024, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquirió 448.544 hectáreas. Además, se formalizaron 1.277.049 hectáreas y se expidieron 752 títulos de propiedad.

Salud

Reforma al sistema de salud

Véase también: Sistema de salud en Colombia

La entonces ministra de salud Carolina Corcho en concertación de la reforma en marzo de 2023.

En enero de 2023 se conoció que la entonces ministra de salud, Carolina Corcho, se preparaba para presentar la reforma al sistema de salud, dicha reforma se había venido mencionando en varias oportunidades desde la campaña presidencial y ha ocasionado opiniones divergentes tanto al interior del gobierno y sus aliados políticos como por parte de la oposición. Una de las propuestas más discutidas por la ministra Corcho era la de reformar el sistema de Entidades Promotoras de Salud o EPS. Dicho sistema permite a las EPS, que son operadores privados, administrar el dinero de los contribuyentes que es recaudado por el gobierno, la ministra consideraba que dicho sistema es una intermediación innecesaria y que ha traído problemas como el retraso de los pagos a instituciones prestadoras de salud o IPSs y al personal médico. Corcho buscaba que el Estado pudiese recuperar la administración de dichos recursos, además de terminar con la llamada integración vertical, que consiste en que algunas EPS utilizan los recursos para contratarse a sí mismas. La reforma también incluiría un incremento importante del sistema de salud preventivo para lograr que zonas apartadas del país reciban visitas del personal de salud para prevenir enfermedades. El gremio de las EPS ha criticado a la ministra por no tenerlos en cuenta en la discusión y sectores opuestos a la reforma dicen que la ministra busca acabar con un sistema que funciona bien. Varias agremiaciones médicas de Colombia y la Organización Mundial de la Salud han manifestado su respaldo a la reforma, en tanto otras han señalado reparos o criticado abiertamente el proyecto de reforma.

Bancada del Pacto Histórico celebra junto al ministro Jaramillo la aprobación de la reforma en la Cámara de Representantes en marzo de 2025

La discusión de la reforma causó la ruptura de la interlocución del presidente con los jefes de los partidos políticos César Gaviria del partido liberal, Dilian Francisca Toro del partido de la U y Efraín Cepeda del partido conservador, además del sorpresivo relevo de la ministra de salud Carolina Corcho a finales del mes de abril, quien según los presidentes de los partidos, no tenía en cuenta los acuerdos a los que se llegaban en las reuniones. El presidente Petro, quien no confirmó el motivo de la salida de la ministra, nombró en su reemplazo a Guillermo Alfonso Jaramillo quien había sido su secretario de salud y de gobierno durante su mandato en la alcaldía de Bogotá. Tras dicho relevo el gobierno buscó interlocución directa con los congresistas en el parlamento por medio del ministro del interior Luis Fernando Velasco. En medio de las controversias, la reforma fue presentada en abril de 2023 a la Comisión Séptima del senado donde fue rechazada y archivada por 9 senadores opositores.

En septiembre de 2024 el gobierno presentó por segunda vez la reforma a la salud. En esa ocasión, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicó el nuevo proyecto ante el Congreso, manteniendo la idea de eliminar la intermediación de las EPS y fortalecer la atención primaria. Sin embargo, el trámite legislativo ha sido complejo, enfrentando críticas de la oposición y debates internos en el Congreso. A inicios de marzo el gobierno celebró la aprobación de la reforma en la Cámara de Representantes, sin embargo ante el bloqueo de la reforma laboral en la comisión séptima del senado y ante la creciente posibilidad de que sucediera lo mismo con la reforma a la salud como ya había sucedido en la primera presentación, el gobierno ha considerado la posibilidad de someterla a una consulta popular para lograr su aval.

Trabajo y Pensiones

Reforma laboral

La ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez presentando el texto de la reforma laboral en 2023.

En 16 de marzo de 2023 la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó ante el Congreso de la República la propuesta de reforma laboral que proponía cambios significativos en las condiciones laborales en Colombia. Entre sus principales propuestas se encontraban la reducción progresiva de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas (pese a que ya estaba vigente una Ley de autoría de Álvaro Uribe Velez, sancionada en el 2021, que redujo la semana laboral), la ampliación de la jornada nocturna para comenzar a las 6:00 p. m., y el incremento del pago por trabajo en días festivos y dominicales del 75% al 100%. Además, la reforma buscaba la formalización del empleo en plataformas digitales, la creación de un contrato especial agropecuario para los campesinos, y la promoción de la equidad salarial entre hombres y mujeres. Un aspecto destacado de la reforma era la expansión de los derechos sindicales, con el fortalecimiento de la negociación colectiva y la ampliación de las libertades sindicales. Estas propuestas, que pretendían modernizar el mercado laboral, fueron modificadas posteriormente en el Congreso, especialmente en lo relacionado con el contrato agropecuario y algunos derechos sindicales.

En octubre de 2024, la Cámara de Representantes aprobó la reforma, introduciendo cambios significativos como el aumento de las horas con recargo nocturno desde las 7pm, la garantía del pago del 100% gradualmente en festivos y dominicales, el incremento de la licencia de paternidad y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Sin embargo, se eliminó el contrato agropecuario, una medida que buscaba formalizar a millones de campesinos. Además, la Comisión Séptima de la Cámara suprimió 20 artículos relacionados con derechos sindicales, como las huelgas y los pactos colectivos.

Presidente Petro anuncia consulta popular para la aprobación de las reformas ante el inminente archivo de la reforma laboral en la comisión séptima del senado

Tras su aprobación en la Cámara, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la reforma quedó estancada debido a la resistencia de sectores políticos y gremios empresariales que argumentaban que aumentaría costos laborales y afectaría la competitividad. En marzo de 2025, ocho de los 14 senadores de la Comisión Séptima firmaron una ponencia para archivar el proyecto, prácticamente deteniendo su avance legislativo.

El gobierno defendió la reforma como un avance en derechos laborales y estabilidad para los trabajadores, mientras que la oposición argumentó que podría desincentivar la contratación y perjudicar a las pequeñas empresas. En respuesta al estancamiento, el presidente Petro anunció la convocatoria a una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre la reforma laboral y otras reformas sociales.

Propuesta de consulta popular y aprobación de la reforma

A pesar de su hundimiento en la Comisión Séptima del Senado, el gobierno hizo realidad la propuesta de presentar al pueblo la reforma laboral en forma de consulta popular y le dio trámite para su aprobación en el congreso. En mayo de 2025, en una polémica votación el congreso hundió la consulta, sin embargo el gobierno consideró que hubo actos inconstitucionales como impedir la votación de algunos congresistas injustificadamente y un supuesto cambio de voto por fuera del reglamento. Ante estos hechos el ministro de justicia Luis Eduardo Montealegre justificó la presentación de un decreto presidencial convocando a la reforma aduciendo a la figura de «excepción de inconstitucionalidad», causando polémica y debate y a lo que los medios llamaron el decretazo. Según la encuesta de Cifras y Conceptos, un 57 % de los colombianos estuvo de acuerdo con que el presidente convocara una consulta popular para decidir sobre las reformas no aprobadas por el Congreso, contra un 40 % que no lo estaba y un 3 % que no respondió.

Entre tanto el senador del Partido Alianza Verde Fabián Díaz Plata, miembro de la comisión donde se hundió, presentó una apelación ante la plenaria del senado, el 14 de mayo de 2025, dicha plenaria revivió la reforma laboral con una votación de 68 a favor y solo 3 en contra, designaron la Comisión Cuarta para su respectivo trámite y fue aprobada en tercer debate el 27 de mayo con una votación de 15 a favor y 2 en contra, posteriormente paso a cuarto y último debate en plenaria del senado donde finalmente el 17 de junio fue aprobada por 57 votos a favor y 31 en contra. Gran parte del articulado quedó como se había aprobado en Cámara de representantes y la conciliación del texto también fue aprobado en las plenarias de Senado y Cámara el día 20 de junio, último día de la legislatura.

El gobierno por su parte, por medio del ministro de trabajo Antonio Sanguino, decía que la convocatoria a la consulta popular era el «seguro de vida» de la reforma laboral presentada por el ejecutivo, y había prometido que si la reforma era aprobada sin sufrir mayores modificaciones retiraba la consulta. Ante la aprobación el presidente Petro derogó el decreto y celebró la aprobación de la reforma laboral.

Reforma pensional

Manifestación durante la sanción de la reforma pensional el 16 de julio de 2024

La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro fue presentada el 22 de marzo de 2023 y sancionada como la Ley 2381 el 16 de julio de 2024, con entrada en vigor el 1 de julio de 2025. La reforma establece un sistema de pilares para ampliar la cobertura y garantizar ingresos a quienes no cumplen con los requisitos tradicionales de pensión. Dentro de este esquema, el llamado «pilar solidario» otorga una renta básica mensual de $225,000 pesos colombianos a más de 2 millones de adultos mayores en condición de pobreza.

El gobierno y los partidos afines defienden la reforma argumentando que busca mayor equidad en el sistema, fortalece la sostenibilidad del régimen público y protege a los adultos mayores más vulnerables. A pesar de la controversia generada por la eliminación de la libertad de elección entre fondos públicos y privados, así como por algunos errores en el trámite legislativo que desencadenaron demandas ante la Corte Constitucional que está por resolverse.

Según el gobierno la reforma apunta a un sistema más inclusivo que beneficia a los sectores más desfavorecidos y promueve la justicia social, aunque algunos analistas mencionan que su implementación requerirá ajustes para garantizar su efectividad a largo plazo.

Medio ambiente

Transición energética

Una de las banderas de Gustavo Petro durante su trayectoria política y como promesa de campaña ha sido la preservación el medio ambiente y resaltar la necesidad de acelerar la transición energética debido a la crisis climática. La ministra de ambiente Susana Muhamad adelantó el proceso de buscar la prohibición de la fracturación hidráulica o fracking como se había prometido en campaña, y suspendió los programas piloto que estaban en etapa de elaboración. Igualmente Petro nombró en el Ministerio de Minas y Energía a la activista ambiental Irene Vélez Torres con el propósito de buscar una aceleración del tránsito de las energías fósiles a las energías limpias, en particular eólica y solar. Dicho nombramiento causó sorpresa ya que esta cartera normalmente era ocupada por administradores cercanos a los intereses de los sectores de energías extractivas y en varias ocasiones reñían con los propósitos de la cartera de ambiente; Petro reiteró en una entrevista que su propósito siempre fue tener a un ambientalista en el sector de Minas y Energía.

La ministra de ambiente en la Cumbre Amazónica en julio de 2023.

Sobre la propuesta de campaña de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera, respetando los contratos existentes tanto de exploración como de explotación de petróleo y gas, ha habido divergencias de opiniones tanto de opositores como al interior del gobierno. Sectores de oposición, sociedad civil, analistas y miembros del sector minero-energético han criticado a Petro por su programa de transición energética debido a los beneficios económicos que se desprenden de la actividad petrolera y de explotación de gas para el país. En ese sentido el partido opositor Centro Democrático presentó un proyecto de ley para mantener la fracturación hidráulica en Colombia. También algunos opositores, entre ellos el exsenador Jorge Enrique Robledo, mostraron preocupación por los desincentivos a la exploración y producción de hidrocarburos en el corto plazo, que según cree, le quita recursos fundamentales al fisco del país de los que dependen numerosos programas de gobierno. También se ha señalado el hecho de que la producción y puesta en marcha de tecnologías que aceleren la transición energética requiere una gran cantidad de insumos derivados de los hidrocarburos El gobierno de Petro ha aumentado del 1% al 6% la participación en los beneficios que las plantas de energía verde deben destinar a los residentes locales. Además, quiere aumentar el papel del Estado en el sector eléctrico, actualmente controlado por empresas privadas.

A finales de octubre de 2022 el Ministerio de Hacienda mencionó que no descarta la posibilidad de que se firmen nuevos contratos, sin embargo los métodos no convencionales como el fracking no serán contemplados debido a su alto impacto ambiental. El gobierno intentó prohibir la minería a cielo abierto, pero los diputados eliminaron del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno un artículo que prohibía esta práctica. A pesar de este revés, Petro ha anunciado un nuevo código minero que busca reconocer los derechos de los pequeños mineros.

Desde que asumió como ministra de Minas y Energía, Irene Vélez ha enfrentado dos mociones de censura en su contra relacionadas principalmente con temas de la transición energética, impulsadas por los partidos Centro Democrático la Cámara de Representantes y Cambio Radical en el Senado, que están opuestos al plan de transición. Ambas fueron negadas por estas corporaciones.

Gustavo Petro y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en una cumbre sobre la Amazonia en julio de 2023

En marzo de 2023 el gobierno presentó en un comunicado conjunto de los ministerio de Hacienda, Minas y Energía y Comercio, el plan para la transición energética que ha dicho será «gradual justa y sostenible» y los tiempos de la transición dependerán de los resultados de cinco ejes específicos que fueron presentados.

Deforestación

En julio de 2023, Colombia y Brasil anunciaron que coordinarían sus esfuerzos para luchar contra la deforestación ilegal y proteger la Amazonia. Durante el 2023, la deforestación se redujo entre un 25 y un 35% en todo el país, sin embargo, en el primer semestre de 2024 la deforestación parece haber aumentado drásticamente, según algunas mediciones.

COP 16

La COP16 es la 16ª edición de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU. Esta se llevó a cabo en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024. Este evento fue fundamental para discutir y avanzar en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en la COP15 en 2022. El tema central de esta edición es “Paz con la Naturaleza”, destacando la importancia de la convivencia armónica entre la humanidad y la biodiversidad.

Los ministros de Cultura, Ambiente, Trabajo, Energía y Educación el día de la apertura de la conferencia.

Uno de los objetivos principales fue revisar los avances de los países en sus compromisos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, con metas concretas para 2030 y objetivos a largo plazo hacia 2050. Además, se buscó asegurar la participación equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos y su información digital.

Colombia, como país anfitrión, es uno de los más biodiversos del mundo, hogar de aproximadamente el 10% de la biodiversidad global. Su elección como sede resalta su papel crucial en la conservación global. Cali fue seleccionada debido a su proximidad a la región del Pacífico, una de las áreas más ricas en biodiversidad a nivel global.

Esta conferencia no solo reunió a gobiernos y expertos, sino también a la sociedad civil, ONG, y líderes ambientales, como la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, una reconocida defensora de los derechos ambientales.

Educación

Aurora Vergara reemplazó al ministro Alejandro Gaviria en febrero de 2023

Al inicio del gobierno de Gustavo Petro, las expectativas en el ámbito educativo eran altas, especialmente con el objetivo de garantizar la gratuidad universitaria y la expansión de la cobertura educativa, lo cual estaba plasmado en su programa de gobierno, que incluía un aumento significativo en el presupuesto para el sector. Alejandro Gaviria, nombrado ministro de Educación en 2022, asumió con la intención de implementar iniciativas como la «Matrícula Cero» y una reforma al Icetex para mejorar el acceso a la educación superior. Además, se planteó un incremento del presupuesto educativo como parte de las reformas, lo que reflejaba el compromiso del gobierno con la educación. Sin embargo, la relación entre Gaviria y el presidente Petro se tensó por desacuerdos en temas como la reforma al sistema de salud, lo que llevó a una serie de conflictos internos. Estos desacuerdos culminaron en su salida en febrero de 2023, tras la filtración de documentos que evidenciaban sus diferencias con el enfoque del gobierno, generando críticas sobre su capacidad para alinear sus políticas con el programa educativo de Petro.

En agosto de 2023 Petro firmó la Ley 2307 que da vía libre a la gratuidad de programas de pregrado en las universidades públicas del país, para facilitar el acceso de los jóvenes a la enseñanza superior.

Inauguración de la sede de la Universidad del Valle en Suárez, Cauca en 2025

Como sucesora de Gaviria fue nombrada quien fuera la viceministra Aurora Vergara. Durante su gestión como ministra de educación impulsó importantes avances en el sector, destacándose la implementación de la «Matrícula Cero», que benefició a miles de estudiantes al garantizar la gratuidad en la educación superior pública. También se alcanzó un aumento significativo del presupuesto educativo, pasando de 57 a 70 billones de pesos para 2024, lo que permitió fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones de los docentes. Vergara promovió una reforma integral en la gobernanza educativa, creando Sistemas Integrados de Educación Media y Superior en regiones rurales para garantizar mayor acceso en zonas históricamente desatendidas. A pesar de estas victorias, su gestión se vio marcada por tensiones políticas y obstáculos en la implementación de su reforma educativa, así como por conflictos internos en el ministerio y la crisis institucional en la Universidad Nacional, derivada de la polémica elección de su rector, debilitó su posición y generó tensiones con la comunidad académica. Estos obstáculos llevaron finalmente a su salida en julio de 2024.

En 2025, bajo la dirección del ministro de Educación Daniel Rojas Medellín, se inauguró una nueva sede de la Universidad del Valle en Suárez, Cauca, que según el gobierno busca promover la educación superior en territorios históricamente excluidos y cerrar brechas de desigualdad en Colombia. Sin embargo, el presidente Petro admitió el restraso en el cumplimiento de algunas promesas de campaña en materia educativa, culpando a sus ministros por la falta de avances en la creación de nuevas universidades en áreas rurales y la expansión de cupos universitarios.

Otras leyes, reformas y propuestas

Ministerio de Igualdad y Equidad

Aprobación del Ministerio de la Igualdad y Equidad en el congreso, diciembre 2022.

Durante el primer semestre del mandato el gobierno Petro radicó en el congreso el proyecto para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Este ministerio, como se había dicho durante la campaña, quedó a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. El congreso aprobó el proyecto el día 12 de diciembre de 2022. Algunas de las funciones del nuevo ministerio incluyen la protección de los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, las comunidades indígenas y afro, y las personas vulnerables, así como la tarea de ayudar a cerrar las brechas económicas.

Reforma política

El Gobierno presentó un proyecto de reforma política en septiembre de 2022; sin embargo, no logró consenso en el Congreso y se generó una polémica, debido a los cambios introducidos durante el trámite legislativo. Ello resultó en que el Gobierno optara por retirarla en marzo de 2023, puesto que los principales puntos de esta fueron desechados como la obligatoriedad de las listas cerradas con alternancia entre hombre y mujer que buscaba garantizar la paridad de género y a su vez fortalecer los partidos políticos.

Reestructuración del Dapre

Durante el primer semestre del mandato se reestructuró el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), mediante decreto emitido en diciembre de 2022. El gobierno eliminó varias consejerías pasando de 14 que habían en el mandato anterior a solo 3 y además de hacer varios cambios en la estructura administrativa, según el director Mauricio Lizcano «se eliminaron 78 cargos que ahorrarán $9.802 millones al año en funcionamiento».

Propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente en Colombia surgió en marzo de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro sugirió la necesidad de convocarla si las reformas sociales de su gobierno no eran aprobadas por el Congreso. Petro planteó que las instituciones actuales del país no estaban a la altura de los desafíos nacionales, especialmente en términos de implementación del Acuerdo de Paz, justicia social, reforma agraria y protección del medio ambiente. La propuesta generó fuertes reacciones en diferentes sectores. Críticos, incluyendo figuras políticas como Sergio Jaramillo y el expresidente Juan Manuel Santos, consideraron la idea innecesaria y peligrosa, señalando que la implementación del Acuerdo de Paz no requería una nueva constitución. Petro defendió la iniciativa argumentando que es una forma de impulsar una transformación profunda y estructural de las instituciones para hacerlas más democráticas e inclusivas, abordando problemas como la desigualdad, la corrupción y el cambio climático. La propuesta presidencial no prosperó y no volvió a tratarse desde mediados de 2024.

Medios de comunicación

Según el índice Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en 2022 Colombia fue calificado décimo en el escalafón americano de libertad de expresión y prensa, como país «en restricción» a la libertad de prensa. En 2023 el país escaló a la novena posición, aún manteniendo su calificación «en restricción».

Relaciones exteriores

Véase también: Anexo:Viajes internacionales del presidente Gustavo Petro

Venezuela

Restablecimiento de relaciones bilaterales

Durante la campaña presidencial Petro aclaró sus intenciones de restablecer las relaciones con Venezuela, que habían estado interrumpidas desde 2019.

Reunión entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro

Tras los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia, Nicolás Maduro felicitó a Petro por su victoria, diciendo "Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez, por la histórica victoria en las elecciones presidenciales en Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Nuevos tiempos se avizoran para este hermano país".

Durante el primer mes del gobierno de Gustavo Petro hubo avances en relación con el restablecimiento de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, Petro nombró como embajador a Armando Benedetti, mientras que Venezuela nombró como embajador al diplomático Félix Plasencia.

El parcialmente reconocido presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reprochó la retirada del reconocimiento a su gobierno interino, y respondió en una rueda de prensa: "Hubiese esperado que su primera decisión no hubiese sido acercarse a quien hoy ampara el terrorismo mundial en Venezuela".

Apertura de las fronteras

El 26 de septiembre de 2022, tras siete años cerrada, Colombia y Venezuela reabrieron oficialmente su frontera común. Se realizó un acto protocolario en el puente internacional Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre los dos países, participaron delegaciones de ambos países. Se interpretaron los himnos nacionales y hubo un saludo de manos de las dos delegaciones para luego dar el paso de los primeros camiones de carga en ambos sentidos.

Nicaragua

En agosto de 2022, varios sectores de la opinión criticaron la ausencia de Colombia en la votación del Consejo Permanente de la OEA sobre la resolución que condena al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por violación a los DDHH y persecución política contra la Iglesia católica. El canciller colombiano Álvaro Leyva adujo «razones tanto estratégicas como humanitarias y no ideológicas» y se conoció información acerca de una posible negociación del gobierno de Colombia con Ortega para la liberación de los presos políticos y un interés para avanzar en la controversia de delimitación marítima entre los dos países. En entrevista con la revista Cambio el canciller Leyva negó que el diferendo limítrofe tuviera alguna relación con este episodio y dijo que los esfuerzos por buscar la liberación de los presos políticos no habían prosperado y dijo que «Daniel Ortega es uno de los violadores por excelencia de los derechos humanos».

Estrategia África - Caribe

La vicepresidenta Francia Márquez ha liderado la estrategia diplomática África-Caribe.

El 14 de octubre de 2022 la vicepresidenta Francia Márquez, la viceministra de asuntos multilaterales Laura Gil y el viceministro de relaciones exteriores Francisco Coy, lanzaron la Estrategia África-Caribe con el fin de estrechar relaciones diplomáticas con estas dos regiones.

Estrategia África

Tras ser aprobado el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno en el congreso a inicios de mayo de 2023, se pudo dar inicio a la Estrategia África. Entre el 10 y el 18 de mayo de 2023 la vicepresidenta Márquez inició una gira por el continente africano visitando los países de Sudáfrica, Kenia y Etiopía, con una comitiva de alrededor de 50 personas dentro de los que se encuentran el viceministro de asuntos exteriores Francisco Coy, el ministro encargado de cultura Jorge Zorro, la viceministra de educación superior Carolina Quijano, entre otros. Los gastos de las personas de la sociedad civil dentro de la comitiva fueron auspiciados por la Fundación Open Society. La visita, que es la primera visita de una comitiva oficial de la nación a África en 26 años, busca fortalecer las relaciones políticas, económicas, comerciales y culturales de Colombia y la Unión Africana. Varios medios y analistas críticos del gobierno cuestionaron el viaje al que hasta se llegó a calificar de «safari» y un medio llegó a publicar información proveniente de políticos de la oposición sobre el cálculo de cuánto costaría el combustible del avión que trasladaría a la comitiva. Dichos actos llegaron a ser calificados de «racistas» por algunas personas incluido el presidente Petro, quien resaltó que dichos cálculos no se hacían con viajes de comitivas a Europa.

Algunos analistas y medios especializados, como la revista financiera Forbes, y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), resaltaron la importancia de dicha visita para las oportunidades de negocios e intercambio en varios frentes como las exportaciones, la tecnología y la agricultura entre otros.

La visita inició con una parada en la ciudad de Libreville capital de Gabón donde Márquez y la comitiva fueron recibidos por la vicepresidenta del país Rose Christiane Raponda.

Sudáfrica

Véase también: Relaciones Colombia-Sudáfrica

La comitiva colombiana, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, visitó Sudáfrica entre el 11 y el 13 de mayo de 2023.

En Johannesburgo fue recibida por el vicepresidente Paul Mashatile y más tarde tuvo una reunión con el presidente Cyril Ramaphosa. Tras la invitación de la delegación, dichos funcionarios aceptaron ser garantes del proceso de paz del gobierno de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Márquez también pidió al gobierno sudafricano considerar la posibilidad de abrir una embajada en Colombia.

La visita concluyó el 13 de mayo tras firmar 6 convenios de entendimiento y dentro de los que se encuentran convenios entre las cámaras de comercio de los dos países, un convenio educativo logrado por la viceministra de educación superior Carolina Quijano para establecer una red de cooperación educativa, y un convenio cultural entre el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez y el WOMAD.

Kenia

Véase también: Relaciones Colombia-Kenia

Entre el 15 y el 16 de mayo de 2023, la comitiva de la Estrategia África desarrolló la agenda de visita a la República de Kenia. El 15 de mayo la vicepresidenta Márquez se reunió con el vicepresidente Rigathi Gachagua donde se firmaron siete acuerdos para potenciar las relaciones bilaterales en materia de comercio, inversión, educación y cultura. Márquez propuso flexibilizar el visado entre los países y la posibilidad de organizar vuelos directos. El 16 de mayo Márquez desarrolló una reunión con el presidente de Kenia, William Ruto, quien manifestó su compromiso de estrechar las relaciones entre los dos países y su interés compartido por la lucha contra el cambio climático. En este país, Márquez, igualmente participó como invitada en el foro de mujeres de ONU-Hábitat sobre el cambio climático, también se reunió con 14 embajadores de otros países africanos.

El presidente Gustavo Petro anunció que viajaría a Kenia para asistir a la cumbre de presidentes de la Unión Africana, aunque este viaje no se concretó. La vicepresidenta Márquez viajó a inicios de septiembre de 2023 de nuevo a Kenia como invitada a participar de la Cumbre del Clima de África. El vicepresidente Gachangua visitó Colombia a mediados de septiembre de 2023 llegando a Bogotá y posteriormente viajó Medellín para asistir al Foro de Tostadores de Café.

Etiopía

Véase también: Relaciones Colombia-Etiopía

La comitiva de la Estrategia África visitó Etiopía entre el 17 y 18 de mayo de 2023. Se destacó que dicho país era importante para la estrategia debido a ser la sede de la Unión Africana. La comitiva colombiana recibió el beneplácito para reabrir una embajada en dicho país. Allí se reunieron con la presidenta Sahle-Work Zewde, se firmaron acuerdos de intención de cooperación en temas de comercio, educación y cultura, entre ellos la promoción del español como lengua extranjera. Igualmente la comitiva asistió a la sede de la Unión Africana en Adís Abeba donde se reunieron con la vicepresidenta de la corporación Monique Nsanzabaganwa y se definió una agenda común en diferentes frentes. Como resultado de esta visita, el 2 de mayo de 2024 Colombia abrió formalmente la embajada en Etiopía siendo nombrado el docente afrodecendiente chocoano Yeison Arcadio Meneses como embajador.

Estados Unidos

Gustavo Petro con el presidente estadounidense Joe Biden en abril de 2023.

Las relaciones con Estados Unidos han sido cordiales. Varios funcionarios del gobierno estadounidenses han realizado visitas oficiales a Colombia siendo la más relevante la del secretario de Estado, Antony Blinken, en octubre de 2022. Petro ha reafirmado su interés por discutir con los Estados Unidos un cambio de política en la guerra contra las drogas que según el mandatario «ha fracasado», y la revisión del tratado de libre comercio. El presidente Petro visitó Washington en abril de 2023 donde se reunió con varios funcionarios del gobierno y congresistas además de una visita oficial a la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. En dicha visita se trataron temas como el cambio climático, el cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico y el respaldo a las reformas encaminadas a «proteger la dignidad y los derechos de los trabajadores». Tras dicha visita el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri, anunció que su gobierno enviará una comisión para revisar el Tratado de Libre Comercio firmado entre los países en el año 2011.

Crisis diplomática con el gobierno Trump

Donald Trump asumió como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025, dentro de su política migratoria se dio una deportación masiva donde se divulgaron imágenes fotegráficas y de video de migrantes encadenados regresando a sus países de origen. Estas imágenes destaron una serie de pronunciamientos del presidente Petro y la decisión de no recibir esos vuelos por razones de dignidad humanitaria. Trump amenazó con imponer aranceles a productos colombianos y tras varios días de conversación entre los equipos diplomáticos de cada país se decidió que Colombia enviaria aviones de la fuerza aeroespacial colombiana a recoger deportados para que fueran trasladados en condiciones dignas, o en caso de recibir vuelos de Estados Unidos las personas no debería retornar encadenadas. El gobierno Trump mostró los resultados de la crisis como un cambio de posición del gobierno colombiano, mientras que el gobierno colombiano lo mostró como un cambio de posición de los Estados Unidos de no enviar personas encadenadas en los vuelos de repatriación.

Perú

Véase también: Conflicto diplomático por la destitución de Pedro Castillo

Perú fue el primer país visitado por Petro tras su posesión, el gobierno de Colombia mantuvo relaciones cordiales con el mandatario Pedro Castillo. Tras los hechos alrededor del llamado intento de autogolpe de estado de 2022, Petro se mostró crítico del poder de veto del congreso del Perú contra un presidente elegido con voto popular. Según Petro, la destitución del mandatario que estaba por ocurrir de parte del congreso y que llevó a Castillo a intentar el cierre del mismo, era contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que de acuerdo a la convención el mandatario solo podría ser destituido por sentencia judicial. El gobierno de Colombia firmó una carta en conjunto con otros países latinoamericanos condenando los hechos, razón por la cual el gobierno de Dina Boluarte llamó a consultas al embajador de Perú en Colombia y así lo hizo con los otros países firmantes. En los meses subsiguientes Petro continuó criticando al congreso peruano y en particular a la respuesta represiva contra los manifestantes comparándola con los hechos ocurridos en el paro nacional de Colombia de 2021. En febrero de 2023, tras las muertes registradas en las manifestaciones en Perú, Petro manifestó en un discurso: “En Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, lo que ocasionó que la comisión de relaciones exteriores del congreso de Perú lo declarara «persona non grata».

El 15 de marzo de 2025 los cancilleres de ambos países Laura Sarabia y Elmer Schialer, anunciaron el relanzamiento de las relaciones bilaterales tras dos años de interrupción, resaltando su complacencia por la reciente designación de embajadores en sus respectivas naciones.

Israel

Reacciones por el conflicto israelí-palestino de octubre de 2023

Véanse también: Relaciones Colombia-Israel y Genocidio en Gaza.

El presidente de la república se reúne con el embajador de Palestina en la Casa de Nariño.

En octubre de 2023 tras los ataques de Hamás contra Israel donde fueron asesinados y secuestrados varios civiles, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la paz y al diálogo recordando los orígenes del conflicto. Varios sectores de oposición y de opinión, criticaron que el gobierno no condenara explicitamente los actos de Hamás y varios criticaron al presidente por sus comentarios a favor del pueblo palestino, y por sus críticas al gobierno de Netanyahu por el bombardeo indiscriminado contra la franja de Gaza, lo que Petro llamó «un exterminio similar al del holocausto».^{[cita requerida]}

El 12 de octubre de 2023 la Enviado Especial de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo (SEAS) Deborah Lipstadt dijo "que le sorprendía ver al presidente colombiano, Gustavo Petro, hacer una comparación del Gobierno de Israel con el régimen nazi" liderado por Adolf Hitler. Además, expresó que Estados Unidos no estaban de acuerdo con sus declaraciones y por eso pidió al jefe de Estado colombiano «que condene al grupo terrorista Hamas».

El 15 de octubre de 2023 el ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que el país detendrá las exportaciones de seguridad a Colombia debido a las «declaraciones hostiles y antisemitas hechas por el presidente Petro». A lo que Petro respondió haciendo un llamado al respeto y dijo que «si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios.»

Integración latinoamericana

Petro en la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar, en Palenque, México. Junto a Díaz-Canel, Castro, López Obrador y Maduro.

En 2023, el Gobierno colombiano presidido por Gustavo Petro decidió promover, liderar y lanzar la creación de una Agencia Latinoamericana de Medicamentos. Se trata de establecer una agencia independiente, basada en criterios que respondan al nivel sanitario, industrial y socioeconómico de América Latina.

El 9 de julio de 2023 el consejo de cancilleres de la CELAC eligió por unanimidad a Colombia para presidir dicha organización en 2025

Ucrania

Véase también: Relaciones Colombia-Ucrania

Durante su campaña presidencial, Petro mostró su neutralidad a la invasión rusa de Ucrania, asegurando que el conflicto "no tenía relevancia para Colombia y América Latina" y que el país y la región "debían enfocarse en sus propios problemas".

Durante su presidencia, Petro ha mantenido una posición en la que, con el fin de "mantener neutralidad", se ha negado a dar cualquier clase de apoyo a cualquier bando del conflicto. Ejemplo de ello fue cuando Estados Unidos pidió a Colombia enviar armas a Ucrania, las cuales incluían armas de origen ruso adquiridas en gobiernos colombianos anteriores que habían caído en desuso. Petro rechazó el pedido de Estados Unidos, argumentando su decisión en que «la Constitución tiene como orden hacer la paz en el terreno internacional". La medida fue celebrada por el Gobierno ruso, que aseguró que la decisión "corresponde plenamente a los intereses nacionales de Colombia".

Durante una reunión con Joe Biden, Petro mencionó su posición sobre el conflicto en Ucrania en una discusión en la que ambos expresaron «una condena del autoritarismo y la agresión extranjera», enfatizando el rol de Rusia como agresor en Ucrania y «llamando a una paz estable y duradera». Previamente, Petro había hecho declaraciones similares en las que aseguraba que condenaba «todas las invasiones», pese a no mencionar puntualmente a Ucrania. La prensa colombiana tituló estas declaraciones previas como condenas de Petro al conflicto, aunque el mismo Petro ha acusado a la OTAN de «provocar a Rusia» cuando se le ha preguntado quién cree que inició el conflicto.

La postura de Petro ha sido criticada por numerosas figuras políticas colombianas y extranjeras, tales como Juan Manuel Galán, quien lo ha acusado de «tomar partido en favor del autoritarismo, los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos», o Marian Schuegraf, embajadora de Alemania en Colombia, quien acusó a Petro de ser «indiferente con respecto a las atrocidades cometidas por Rusia en la guerra».

Petro con el papa León XIV, en la Ceremonia de Entronización del Papa, el 18 de mayo de 2025 en la Ciudad del Vaticano.

Santa sede Vaticana

El 19 de mayo de 2025, en el Palacio Apostólico del Vaticano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV como parte de su agenda oficial de alto nivel gestionada por la Cancillería. Durante el encuentro, el mandatario entregó una carta en nombre del Gobierno y del pueblo colombiano en la que agradeció el respaldo histórico de la Santa Sede a los procesos de paz, propuso una alianza global por la vida, el diálogo y la solidaridad, e invitó formalmente al pontífice a realizar una visita apostólica y de Estado a Colombia. En la reunión, a la que asistieron la entonces canciller Laura Sarabia y el embajador encargado Óscar Ortiz, se destacaron los avances en las relaciones bilaterales y se abordaron temas como seguridad, migración y cambio climático. La jornada incluyó también un encuentro con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, y la entrega de obsequios representativos de la cultura colombiana, en el marco de la conmemoración de los 190 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y la Santa Sede.

Oposición

Marchas de la oposición de 2022

El 26 de septiembre de 2022 en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, manifestantes salieron a las calles en una protesta convocada por sectores opositores en contra de las reformas propuestas por el gobierno en varios sectores como economía y salud o por otros motivos como el descontento por noticias falsas que circularon en las redes. Algunos de los líderes de la manifestación convocaron a una nueva marcha para el mes de octubre. Al día siguiente de la marcha el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y algunos integrantes de la bancada del partido opositor, Centro Democrático, se reunieron con el presidente Petro y pidieron que no se estigmatice al gobierno.

En el marco de la protesta, se hizo viral en redes sociales y fue ampliamente difundido en medios de comunicación un vídeo en el que una manifestante realiza una serie de declaraciones racistas en contra de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. El acto racista fue repudiado por sectores oficialistas y opositores. Posteriormente la fiscalía colombiana anunció que se imputaría a la mujer que realizó los insultos.

Deporte

Pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027

La pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por parte de Colombia fue un tema polémico para el gobierno y generó diferentes reacciones dentro y fuera del gobierno nacional. Los aspectos que llevaron a la pérdida son los siguientes:

1. Situación económica del país: Uno de los factores clave fue la preocupación por la viabilidad financiera del evento. Organizar unos Juegos Panamericanos implica una inversión significativa en infraestructura deportiva, seguridad, transporte y alojamiento, entre otros aspectos. En este contexto, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, señaló que el país enfrenta retos fiscales importantes y que priorizar el gasto público en otros sectores más urgentes, como la educación, la salud y el desarrollo social, era una necesidad.
2. Decisión del gobierno: El presidente Petro anunció que se retiraba la candidatura de Colombia como sede de los Juegos, argumentando que el país no podía asumir los altos costos que implicaba el evento, los cuales se estimaban en más de 5 billones de pesos colombianos (aproximadamente 1.2 mil millones de dólares). El mandatario defendió esta decisión afirmando que era preferible destinar esos recursos a áreas más críticas y que los Panamericanos no eran una prioridad en un momento de dificultades económicas.
3. Reacciones de los entes deportivos: El Comité Olímpico Colombiano y otras entidades relacionadas con el deporte manifestaron su decepción por la decisión del gobierno. Señalaron que la organización de un evento de esta magnitud no solo era un honor para el país, sino que también podría haber tenido beneficios económicos a largo plazo, como la creación de empleo y el impulso al turismo. Además, argumentaron que Colombia ya había avanzado en la planificación y que cancelar la sede podría afectar la imagen del país en la comunidad internacional.
4. Impacto social y deportivo: Los críticos de la decisión también señalaron que la cancelación era un golpe para los deportistas colombianos, quienes habrían tenido la oportunidad de competir en casa. Además, argumentaron que el país ya había demostrado su capacidad para organizar grandes eventos deportivos en el pasado, como los Juegos Suramericanos de 2010 y los Juegos Bolivarianos, lo que sugería que con el apoyo adecuado, Colombia podría haber sido una sede exitosa.
5. Justificación oficial: El gobierno defendió su postura indicando que, aunque reconocía la importancia del deporte, los recursos públicos deben ser asignados de acuerdo con las necesidades más urgentes del país. En este sentido, el ministro del Deporte, Astrid Rodríguez, mencionó que la inversión en infraestructura social era prioritaria y que la decisión de renunciar a los Juegos Panamericanos fue coherente con una política de responsabilidad fiscal.

Transporte

Paro Camionero de 2024

El Presidente junto a algunos ministros en una reunión extraordinaria para llegar a una solución del Paro camionero

Esta sección es un extracto de Paro camionero en Colombia de 2024.[editar]

La Ministra de Transportes, en una rueda de prensa explicando el precio de los combustibles.

El paro camionero de 2024 fue una huelga convocada por sector camionero y de transportes de pasajeros en Colombia entre el 1 y el 6 de septiembre de 2024. Las protestas causaron importantes perturbaciones a la economía nacional.

La causa principal del paro fue el incremento de $2000 COP en el precio del galón de diésel, que se sumó a los ajustes de entre $500 y $800 aplicados a la gasolina en 2023. Estas medidas buscaban subsanar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Los transportistas también protestaron por lo altos precios de los fletes y peajes, los cuales hacían que sus operaciones no fueran rentables.

Controversias judiciales

Acusaciones a familiares de Petro

En marzo de 2023 se conocieron revelaciones por parte de la exesposa de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente, de supuestos recibos de dinero no reportados que podrían constituir un enriquecimiento ilícito. El presidente Petro publicó una carta pidiéndole al fiscal Francisco Barbosa que investigue a su hijo «hasta las últimas consecuencias» y también a su hermano Juan Fernando Petro, quien ha sido mencionado en un supuesto caso de sobornos para recibir beneficios de la ley de Paz Total.

En julio de 2023, fue capturado Nicolás Petro Burgos junto a su exesposa Day Vásquez, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro Burgos declaró en la Fiscalía, que sí ingresaron dineros irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Caso Laura Sarabia

Esta sección es un extracto de Caso Laura Sarabia.[editar]

El Caso Laura Sarabia fue un escándalo político en Colombia ocurrido durante el gobierno de Gustavo Petro, en este caso se investigaron a varias personas incluida a la entonces Jefe de Despacho Laura Sarabia, por presunto abuso de autoridad al haber supuestamente ordenado realizar una prueba de polígrafo a la que fuera la niñera de su hijo Marelbys Meza, igualmente se investiga a funcionarios de la seguridad de la casa presidencial por presuntamente haber ocasionado interceptaciones ilegales a Meza y a otra mujer. También se investiga la actuación y declaraciones de Armando Benedetti de quien surgieron insinuaciones de financiamiento irregular en la campaña presidencial de Petro.

El caso inició en mayo de 2023 cuando la revista Semana publicó en su portada la fotografía de Marelbys Meza, una persona hasta entonces desconocida para la opinión pública y quien se identificaba como la niñera del hijo de la entonces Jefe de Despacho Presidencial, Laura Sarabia. En dicho artículo periodístico Meza afirmaba haber sido sometida a la prueba de polígrafo por parte de los servicios de seguridad de la Casa de Nariño para responder por la pérdida de alrededor de siete mil dólares en efectivo que aparentemente habían sido extraídos de una maleta que se encontraba en la residencia de Laura Sarabia y que según Sarabia, eran parte de los viáticos que recibía para sus viajes al exterior. Semanas atrás, Sarabia había mencionado el caso del robo en una entrevista para el diario El Tiempo. Meza perdió la prueba de polígrafo, sin embargo es una prueba voluntaria y no puede usarse como prueba judicial. Aunque lo que causó mayor controversia fue el hecho que se usaran los servicios de seguridad del Estado para hacer una prueba a una persona empleada por fuera de estos.

Tras la publicación de este artículo, el periodista Daniel Coronell reveló en su reporte en W Radio que Meza había sido recomendada para trabajar para Sarabia por parte del entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien también había recomendado a Sarabia en el entorno de Gustavo Petro, ya que ella había hecho parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Igualmente se conoció que Meza había con anterioridad perdido la prueba de polígrafo cuando trabajaba para Benedetti como niñera años atrás por la pérdida de otro dinero. También se conoció que días antes de la publicación de Semana, Benedetti había solicitado a Meza que viajara a Venezuela para reunirse con él, llevándola en un vuelo privado. Benedetti había manifestado su molestia por no recibir un alto cargo en el gobierno y tenía una rencilla con Sarabia por no seguir sus indicaciones.

Con posterioridad a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación publicó una investigación el 1 de junio de 2023 como resultado de una denuncia interpuesta por Marelbys Meza, exniñera de la entonces Jefa de Gabinete Laura Sarabia y el entonces embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, en la que se dijo haber descubierto que su teléfono celular había sido interceptado ilegalmente desde el 30 de enero del mismo año. La denuncia había sido interpuesta por Meza tras acusar a Sarabia de usar un polígrafo contra ella en la Casa de Nariño, después de que Meza hubiese presuntamente realizado un robo de dinero en la residencia de Sarabia.

Como resultado del escándalo, Petro pidió la renuncia de ambos Sarabia y Benedetti el 3 de junio, con el fin de, el declaró «para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación».

Días más tarde, la empleada de aseo de la casa de Sarabia aseguró también haber sido interceptada ilegalmente. Para el 24 de junio de 2023, cuatro personas habían dicho haber sido interceptadas ilegalmente, incluyendo la propia Meza, todos casos en los que Gustavo Petro ha dicho que ni él ni el gobierno nacional están involucrados.

El coronel Óscar Dávila, jefe de una oficina en el edificio de la DIAN parte del aparato de seguridad del Presidente de la República e involucrado en el caso, participó en una inspección de la Fiscalía a la oficina el 7 de junio de 2023. Dávila fue encontrado muerto dos días después, el 9 de junio, bajo cincunstancias extrañas. Su autopsia concluyó que Dávila murió por suicidio, aunque lo que lo haya motivado a quitarse la vida todavía es desconocido.

Escándalo de corrupción en la UNGRD

El nuevo Director de la UNGRD, Carlos Carrillo luego de la dimisión de Olmedo López.

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salió a la luz en 2024, involucra una red de sobornos y malas prácticas en la adjudicación de contratos, afectando gravemente la gestión de recursos públicos durante el gobierno de Gustavo Petro. Este caso ha sido calificado como uno de los más grandes del gobierno.

El escándalo fue develado inicialmente en torno a la adquisición y gestión de vehículos carrotanques en La Guajira destinados a distribuir agua potable en esta región, que enfrenta una grave crisis hídrica. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) compró estos carrotanques por un valor que, según denuncias, estuvo inflado significativamente, alcanzando sobrecostos de hasta el doble de su valor real. Se estima que pagaron 725 millones de pesos por cada vehículo, aunque su costo debía rondar los 350 millones.

El escándalo no solo gira en torno a los sobrecostos, sino también a presuntos actos de corrupción, como la falsificación de documentos y el pago de sobornos. Funcionarios clave, como el exdirector de la UNGRD Olmedo López y su subdirector, Sneyder Pinilla, fueron señalados por haber participado en acuerdos corruptos. Se les acusa de otorgar contratos a dedo a cambio de apoyo político en el Congreso.

Además, se ha denunciado que parte del dinero que debía destinarse a mejorar la distribución de agua terminó en manos de congresistas, lo que ha escalado la investigación hacia altos funcionarios del Gobierno y el Legislativo. En medio del proceso, la UNGRD ha abierto nuevas licitaciones para intentar recuperar la confianza del sector asegurador y asegurar que los carrotanques finalmente cumplan su función.

El principal implicado es Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien reveló un entramado de corrupción que incluía pagos a altos funcionarios y congresistas para la adjudicación irregular de contratos. Según la Fiscalía, se desviaron sumas millonarias destinadas a la atención de desastres, y se pagaron sobornos por valores que rondan los 7.700 millones de pesos. Además, se sospecha que estos recursos fueron utilizados para pagar favores políticos, lo que involucra a varios congresistas y alcaldes.

Entre los elementos clave del caso están las pruebas que incluyen interceptaciones telefónicas, testimonios y documentos que demuestran cómo empresas sin capacidad técnica o financiera fueron beneficiadas con contratos millonarios, algunos de los cuales estaban relacionados con lavado de dinero. La investigación se ha expandido hacia funcionarios de alto nivel, entre ellos el presidente del Senado, Iván Name, y otros miembros del Congreso, quienes habrían recibido parte de estos sobornos.

Residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua

En agosto de 2025, se reveló que Carlos Ramón González, ex director del DAPRE y exjefe de inteligencia, cercano al presidente Petro y actualmente investigado por corrupción vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habría residido en Managua desde noviembre de 2024. Documentos filtrados muestran que la embajada colombiana en Nicaragua solicitó la renovación de su residencia el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que la Fiscalía lo imputó por cohecho y peculado.

La Cancillería y el presidente Petro negaron haber autorizado este trámite o haber tenido conocimiento formal del mismo, y anunciaron una investigación disciplinaria interna. Petro también solicitó oficialmente al gobierno nicaragüense la entrega de González si se confirmaba que era residente, y afirmó que “ni los protejo”, durante un Consejo de Ministros.

Financiación de la campaña

El presidente durante una alocución presidencial sobre la apertura de investigaciones por parte del CNE.

La presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue un tema de controversia durante varios meses, generando investigaciones y acusaciones.

Contexto

El escándalo surgió cuando Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, fue señalado por recibir dinero de empresarios durante la campaña presidencial de 2022, dinero que, según las acusaciones, no habría sido reportado oficialmente en la contabilidad de la campaña. Nicolás Petro fue detenido a finales de julio de 2023 junto a su exesposa Day Vásquez por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el marco de una investigación que buscaba esclarecer si estos fondos ilícitos fueron utilizados para financiar la campaña. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia presentó cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por supuestas irregularidades en su financiación durante las elecciones de 2022. Estas acusaciones estuvieron relacionadas con la posible recepción de recursos no declarados o provenientes de fuentes prohibidas por la ley electoral colombiana, lo cual violaría las normas de financiamiento de campañas políticas.

Acusaciones Clave

• Dinero de origen ilícito: Según las declaraciones de Day Vásquez, Nicolás Petro habría recibido dinero de parte de narcotraficantes y empresarios, entre ellos el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra (alias el "Hombre Marlboro") y el empresario Alfonso "el Turco" Hilsaca. Ella alegó que el dinero no fue utilizado en su totalidad para la campaña de Gustavo Petro, sino que parte de estos fondos fueron utilizados por Nicolás Petro para beneficio personal.
• Presunta financiación irregular: Las acusaciones se centran en la posible falta de transparencia en la financiación de la campaña de Petro. Si bien Nicolás Petro admitió haber recibido dinero, afirmó que esos recursos no llegaron a la campaña de su padre, sino que los utilizó para otros fines personales.
• Investigaciones: La Fiscalía de Colombia ha estado investigando si efectivamente hubo dinero irregular utilizado en la campaña de Petro. Hasta el momento, no se ha comprobado de manera concluyente la responsabilidad directa del presidente en estos hechos.
• CNE: La investigación surge a partir de denuncias que señalan que la campaña de Petro podría haber recibido dinero de contratos adjudicados por entidades públicas, lo que sería ilegal. En específico, se ha mencionado que se habrían usado recursos del gobierno del presidente Iván Duque, el cual estaba en funciones durante ese período, lo que plantea la posibilidad de que se hayan desviado fondos públicos para fines electorales. También se ha cuestionado si se reportaron adecuadamente todos los ingresos y gastos de la campaña, como exige la ley.

Respuesta del Presidente Gustavo Petro

El presidente Petro ha negado cualquier conocimiento o participación en estos hechos. Afirmó que no estaba al tanto de los actos de su hijo y que no permitiría que su gobierno fuera manchado por actos de corrupción. Además, enfatizó que su campaña se manejó de manera transparente y que apoyará las investigaciones para esclarecer los hechos. Luego de que el CNE abriera la causa contra Petro este acusó a este organismo del "inicio de un golpe de estado", ya que estaba violando el fuero presidencial y lo que estaba buscando era "tumbarlo".

Declaraciones de Petro sobre la compra de Pegasus por parte de Duque.

Pegasus

El escándalo relacionado con Pegasus en Colombia involucra la presunta compra secreta de este software espía por el gobierno de Iván Duque. Según las denuncias, se adquirió sin pasar por los canales oficiales y utilizando dinero en efectivo supuestamente proveniente de fondos incautados del narcotráfico. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permite el espionaje avanzado de dispositivos móviles, lo que ha generado preocupación sobre posibles violaciones de derechos y espionaje político en Colombia.

Véase también

• Presidentes de Colombia
• Anexo:Gabinete de Gustavo Petro

Enlaces externos

• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Imágenes de la ceremonia de posesión de Gustavo Petro de 2022.
• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gobierno de Gustavo Petro.

• Datos: Q112643269
• Multimedia: Presidency of Gustavo Petro / Q112643269