Abstract

El concepto de dificultad contramayoritaria, aplicado al control de constitucionalidad, describe el problema de justificar que un tribunal declare inválida (inconstitucional) una ley, votada por los representantes de una mayoría de los ciudadanos. ¿Es esto legítimo? En el presente trabajo, analizamos un problema similar respecto a las burocracias públicas, relativamente menos discutido hasta ahora: ¿puede la burocracia pública tomar decisiones que considera justificadas, o tiene que limitarse a implementar las directivas del poder político en todos los casos? El debate se ha planteado con intensidad en México, durante los últimos años, pero afecta a la configuración institucional de otros países en América Latina.