Abstract

El problema de la exclusión social –situación de quienes encuentran cerrado el acceso a los bienes y servicios que permiten un básico desarrollo de la personalidad– constituye un desafío para la legitimidad del sistema social y las normas penales. Principalmente porque ello supone que en una misma sociedad hay individuos con estatus de persona –ciudadanos “normales”, incluidos– y otros que, por estar privados de los derechos asociados al estatus, están total o parcialmente excluidos del mismo. De cara a evitar su instrumentalización penal se propone, en los delitos más conectados con la noción de ciudadanía que con la de dignidad, la atenuación o exclusión de la pena por disminución de la exigibilidad. Si el delito no se explica sólo por déficit de motivación del sujeto, sino también por un déficit de socialización imputable al propio sistema social, lo que tiene lugar es una especie de corresponsabilidad.